Las indemnizaciones por prejubilación no están automáticamente exentas del IRPF. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha fijado en octubre de 2026 un criterio sobre las compensaciones que reciben los trabajadores al acogerse voluntariamente a programas de bajas incentivadas.
Según esta resolución, la exención fiscal prevista para determinadas indemnizaciones por despido no resulta aplicable cuando el trabajador abandona la empresa mediante un acuerdo voluntario y no existe un procedimiento de despido colectivo en ese momento.
La decisión no supone que todas las prejubilaciones deban tributar de la misma manera. Para determinar su tratamiento fiscal hay que examinar la causa de extinción del contrato, las circunstancias de la salida y la naturaleza de las cantidades percibidas.
¿Las indemnizaciones por prejubilación tributan en el IRPF?
Con carácter general, las compensaciones económicas recibidas por la extinción de una relación laboral tienen la consideración de rendimientos del trabajo, salvo que puedan acogerse a alguna exención prevista legalmente.
Una prejubilación suele consistir en un acuerdo por el que el trabajador deja de prestar servicios antes de alcanzar la edad de jubilación y recibe determinadas compensaciones económicas.
Estas cantidades pueden abonarse mediante un pago único, pagos periódicos o una combinación de ambos.
Sin embargo, la denominación de prejubilación no determina por sí sola el tratamiento fiscal.
El artículo 7.e) de la Ley 35/2006 del IRPF establece la exención de determinadas indemnizaciones por despido o cese, hasta los importes y límites previstos en la normativa.
La ley excluye de la consideración de indemnización obligatoria las cantidades establecidas mediante convenio, pacto o contrato.
Por tanto, una indemnización pactada voluntariamente entre empresa y trabajador no queda exenta simplemente porque se haya acordado con motivo de una prejubilación.
Qué ha decidido el TEAC sobre las prejubilaciones en 2026
El 27 de octubre de 2026, el Tribunal Económico-Administrativo Central dictó la resolución 00/53098/2026, en un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.
El procedimiento analizaba si las cantidades percibidas por un trabajador que había aceptado voluntariamente un programa de prejubilaciones podían beneficiarse de la exención del artículo 7.e) del IRPF.
El caso afectaba a un empleado de una entidad bancaria que se había adherido a un acuerdo colectivo de prejubilaciones, jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas firmado el 1 de diciembre de 2020.
El trabajador extinguió su relación laboral el 31 de marzo de 2021. Posteriormente, solicitó rectificar sus declaraciones del IRPF de 2021, 2022 y 2023 para aplicar la exención a las cantidades percibidas.
La Agencia Tributaria rechazó su solicitud porque consideró que el contrato había finalizado por mutuo acuerdo y no mediante un despido que permitiera aplicar la exención.
El Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana estimó inicialmente la reclamación del trabajador. Sin embargo, la Administración tributaria recurrió esa decisión ante el TEAC.
Por qué fue determinante la fecha del ERE
Uno de los elementos fundamentales del caso fue la diferencia temporal entre el acuerdo de prejubilación y el procedimiento de despido colectivo de la entidad bancaria.
El programa de prejubilaciones se había firmado en diciembre de 2020 y la salida del trabajador se produjo en marzo de 2021.
En cambio, el procedimiento de despido colectivo de la entidad se desarrolló posteriormente, durante 2021.
El TEAC consideró que no podía equipararse la salida voluntaria del trabajador con una extinción producida dentro de un procedimiento de despido colectivo.
Por tanto, estimó el recurso presentado por la Administración y fijó el siguiente criterio: la exención del artículo 7.e) no resulta aplicable a las indemnizaciones por adhesión voluntaria a programas de bajas, jubilaciones o prejubilaciones incentivadas cuando no existe ningún proceso de despido colectivo en ese momento.
La resolución no introduce un nuevo impuesto ni modifica los tipos del IRPF. Unifica el criterio administrativo sobre la aplicación de una exención ya existente.
¿Qué ocurre si la prejubilación forma parte de un ERE?
La situación puede ser diferente cuando la salida del trabajador se produce en el marco de un despido colectivo.
El TEAC distingue entre una baja voluntaria acordada fuera de ese procedimiento y una adhesión voluntaria a un programa de salidas que se desarrolla simultáneamente a la tramitación de un despido colectivo.
En este segundo supuesto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido que el cese puede tener carácter involuntario, aunque el trabajador haya aceptado las condiciones ofrecidas por la empresa.
La razón es que la extinción del contrato se produce en un contexto de reducción de plantilla derivado de un procedimiento colectivo, y no únicamente por la decisión individual del empleado.
El TEAC hace referencia, entre otras resoluciones judiciales, a la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2020, recurso 4364/2018.
Sin embargo, aclara que esta interpretación no puede trasladarse automáticamente a todos los programas de bajas incentivadas.
La existencia de un despido colectivo debe estar acreditada y guardar relación con la salida del trabajador. No basta con que la empresa haya realizado un ERE en algún momento anterior o posterior.
Además, la ausencia de un ERE no significa que cualquier indemnización por despido esté sujeta al IRPF. Existen otros supuestos de extinción contractual que pueden beneficiarse de la exención si cumplen los requisitos legales.
¿Cuánto dinero de una indemnización puede estar exento del IRPF?
La Ley del IRPF establece, con carácter general, un límite máximo de 180.000 euros para las indemnizaciones por despido o cese que tienen derecho a la exención.
No obstante, este importe es un límite máximo, no una cantidad exenta garantizada.
La cuantía que puede quedar libre de tributación depende del tipo de despido y de las reglas aplicables en cada caso.
En los despidos colectivos realizados conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o fuerza mayor, así como en determinados despidos objetivos del artículo 52.c), la exención puede alcanzar la cuantía obligatoria correspondiente al despido improcedente, con el límite general de 180.000 euros.
Por ejemplo, si un trabajador recibe 100.000 euros por una baja voluntaria incentivada fuera de un procedimiento de despido colectivo, no puede considerar que esa cantidad está exenta simplemente por ser inferior al límite de 180.000 euros.
En cambio, cuando la indemnización procede de un despido que reúne los requisitos legales, puede quedar exenta la parte que corresponda conforme a la normativa.
La Agencia Tributaria explica los límites de las indemnizaciones exentas y señala que las cantidades que superen el importe exento deben tributar como rendimientos del trabajo.
¿Existen excepciones al límite de 180.000 euros?
Sí. La disposición transitoria vigésima segunda de la Ley del IRPF establece que el límite de 180.000 euros no resulta aplicable a determinados supuestos anteriores a agosto de 2014.
En concreto, la excepción comprende:
- Las indemnizaciones por despidos o ceses producidos antes del 1 de agosto de 2014.
- Determinados despidos posteriores a esa fecha derivados de expedientes de regulación de empleo aprobados o de despidos colectivos cuyo período de consultas se hubiera comunicado a la autoridad laboral antes del 1 de agosto de 2014.
Estas excepciones no significan que cualquier indemnización antigua esté completamente exenta. Deben cumplirse las condiciones legales aplicables al despido correspondiente.
¿Puede aplicarse la reducción del 30 % a una indemnización por prejubilación?
Aunque una indemnización no pueda acogerse a la exención del artículo 7.e), es posible que cumpla los requisitos para aplicar la reducción del 30 % prevista en el artículo 18.2 de la Ley del IRPF.
Esta reducción se contempla para determinados rendimientos del trabajo con un período de generación superior a dos años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas legalmente.
En el caso de los rendimientos derivados de la extinción de una relación laboral, la normativa establece particularidades importantes.
El período de generación se determina teniendo en cuenta los años de servicio del trabajador.
Además, la reducción no está limitada necesariamente a las indemnizaciones cobradas mediante un pago único.
Cuando las cantidades se perciben de forma fraccionada, la normativa exige que el cociente entre los años de generación y el número de períodos impositivos de fraccionamiento sea superior a dos.
Para realizar este cálculo deben tenerse en cuenta todos los ejercicios en los que se percibe la indemnización, incluidos aquellos en los que alguna cantidad pueda estar exenta.
Por ejemplo, una indemnización generada durante 30 años de servicio y abonada a lo largo de cinco períodos impositivos tendría un cociente de seis. Cumpliría, por tanto, esa condición temporal, aunque todavía habría que comprobar los demás requisitos para aplicar la reducción.
También existen límites económicos.
Con carácter general, la reducción se aplica sobre una base máxima de 300.000 euros anuales. En determinados rendimientos elevados derivados de la extinción de la relación laboral, este límite puede reducirse o desaparecer conforme a las reglas específicas del artículo 18.2.
La reducción del 30 % no debe confundirse con la exención por despido. La primera reduce el rendimiento sujeto a tributación cuando se cumplen sus requisitos; la segunda excluye de tributación determinadas cantidades.
Qué deben comprobar los trabajadores antes de aceptar una prejubilación
Antes de firmar un acuerdo de salida incentivada, conviene revisar tanto las condiciones laborales como sus consecuencias fiscales.
Los aspectos más importantes son:
- La causa de extinción del contrato. Es necesario comprobar si se trata de una baja de mutuo acuerdo, un despido colectivo u otra modalidad de extinción laboral.
- La existencia de un procedimiento de despido colectivo. Cuando se alegue que la salida está vinculada a un ERE, debe comprobarse su tramitación y la relación temporal con el acuerdo.
- La naturaleza de las cantidades percibidas. No todas las compensaciones tienen necesariamente el mismo tratamiento fiscal.
- El calendario de pagos. La percepción de cantidades en uno o varios ejercicios puede influir en la aplicación de determinadas reducciones.
- La cantidad neta que recibirá el trabajador. La compensación pactada puede ser diferente del importe disponible después de impuestos.
También es importante valorar cómo afectará la salida de la empresa a las cotizaciones y a la futura pensión.
La prejubilación no debe confundirse con la jubilación anticipada, que permite acceder a una pensión pública antes de la edad ordinaria cuando se cumplen los requisitos establecidos por la Seguridad Social.
Preguntas frecuentes sobre las prejubilaciones y el IRPF
¿Una prejubilación voluntaria está exenta del IRPF?
No por el simple hecho de tratarse de una prejubilación. Según el criterio fijado por el TEAC el 27 de octubre de 2026, las indemnizaciones derivadas de la adhesión voluntaria a programas de bajas incentivadas no pueden acogerse a la exención del artículo 7.e) cuando no existe un procedimiento de despido colectivo en ese momento.
¿Las prejubilaciones dentro de un ERE están exentas?
Pueden beneficiarse de la exención cuando cumplen los requisitos legales. Es necesario comprobar las circunstancias de la extinción, su vinculación con el procedimiento de despido colectivo y los límites aplicables a la indemnización.
¿Los primeros 180.000 euros de una prejubilación están libres de impuestos?
No necesariamente. Los 180.000 euros constituyen el límite general de una exención que solo se aplica cuando concurren los requisitos legales. Una indemnización pactada voluntariamente fuera de los supuestos protegidos no queda exenta por ser inferior a esa cifra.
¿Se puede aplicar la reducción del 30 % a una baja incentivada?
Puede resultar aplicable cuando los rendimientos cumplen los requisitos del artículo 18.2 de la Ley del IRPF. Deben examinarse el período de generación, la forma de percepción y los límites establecidos legalmente.
¿La resolución del TEAC afecta a todas las prejubilaciones anteriores?
La resolución fija un criterio administrativo sobre la interpretación de la normativa, pero no significa que todas las declaraciones anteriores deban modificarse automáticamente.
Las consecuencias para situaciones pasadas dependen de las circunstancias concretas, de los procedimientos abiertos y de los plazos legales aplicables.
¿Se puede recurrir el criterio de Hacienda?
Las resoluciones dictadas en procedimientos tributarios pueden ser objeto de impugnación por las vías legalmente previstas cuando concurran los requisitos correspondientes.
El criterio unificado del TEAC vincula a los órganos administrativos en los términos establecidos por la normativa, pero no impide el control judicial de su interpretación.
La clave está en cómo termina la relación laboral
La resolución del TEAC de octubre de 2026 confirma que la fiscalidad de una prejubilación depende de las circunstancias jurídicas de la salida del trabajador y no únicamente de la denominación del acuerdo firmado con la empresa.
Una baja voluntaria incentivada fuera de un procedimiento de despido colectivo no recibe automáticamente el mismo tratamiento que una indemnización derivada de un despido que cumple los requisitos legales.
Por eso, antes de aceptar una prejubilación, resulta fundamental comprobar qué cantidades pueden estar exentas, cuáles tributarán como rendimientos del trabajo y si existe derecho a aplicar alguna reducción.
Conocer el importe bruto de la compensación no es suficiente: también hay que determinar su tratamiento fiscal para calcular cuánto dinero recibirá realmente el trabajador.
