Las negociaciones sobre prejubilaciones en grandes empresas han vuelto a despertar el interés por esta fórmula de salida del mercado laboral. Sin embargo, la prejubilación no es una modalidad de pensión reconocida por la Seguridad Social ni equivale a jubilarse anticipadamente.
Las recientes ofertas dirigidas a trabajadores próximos a la edad de retiro han reabierto preguntas importantes: quién paga durante una prejubilación, si se continúa cotizando y qué consecuencias puede tener el acuerdo sobre la futura pensión.
La respuesta no es igual para todos. Las condiciones dependen del acuerdo alcanzado con la empresa, de la edad del trabajador, de los años cotizados y de la forma en la que se mantengan las cotizaciones hasta que llegue el momento de solicitar la jubilación.
¿La prejubilación existe legalmente en España?
La legislación española no contempla la prejubilación como una modalidad específica de pensión. Se trata de una expresión utilizada habitualmente para describir ciertos acuerdos mediante los que una empresa facilita la salida de trabajadores que todavía no reúnen los requisitos para jubilarse.
El acuerdo puede establecer el pago de una renta durante un periodo determinado, asumir determinadas cotizaciones o combinar las aportaciones de la empresa con prestaciones por desempleo. Su finalidad suele ser cubrir total o parcialmente el tiempo que transcurre entre la extinción del contrato y el acceso posterior a la pensión.
Por tanto, una persona prejubilada todavía no es necesariamente pensionista. Puede encontrarse en situación legal de desempleo, recibir pagos de la empresa y mantener sus cotizaciones mediante los mecanismos previstos en cada caso.
Prejubilación y jubilación anticipada no son lo mismo
La diferencia principal es que la jubilación anticipada sí permite acceder a una pensión pública antes de alcanzar la edad ordinaria. Para ello deben cumplirse los requisitos establecidos por la Ley General de la Seguridad Social.
| Prejubilación | Jubilación anticipada |
|---|---|
| Es un acuerdo de salida entre la empresa y el trabajador. | Es una modalidad regulada por la Seguridad Social. |
| No supone empezar a cobrar automáticamente una pensión. | Implica acceder a la pensión antes de la edad ordinaria. |
| Sus condiciones dependen del acuerdo alcanzado. | Exige cumplir los requisitos legales de edad y cotización. |
| Puede incluir rentas, indemnizaciones y cotizaciones. | Puede estar sujeta a coeficientes reductores. |
La jubilación anticipada por voluntad del trabajador puede adelantarse, como máximo, dos años respecto a la edad ordinaria. Con carácter general, exige acreditar al menos 35 años cotizados y que la pensión resultante supere la cuantía mínima que correspondería al interesado al cumplir los 65 años.
Cuando el acceso anticipado deriva de un cese no imputable al trabajador, el adelanto puede alcanzar un máximo de cuatro años. Entre otros requisitos, deben acreditarse al menos 33 años cotizados y, con carácter general, una inscripción como demandante de empleo durante los seis meses anteriores a la solicitud.
En ambas modalidades pueden aplicarse coeficientes reductores según los meses de adelanto y el periodo cotizado. Esto explica por qué tener más de 40 años cotizados no evita necesariamente los recortes en la jubilación anticipada.
Tampoco es una jubilación parcial
La prejubilación tampoco debe confundirse con la jubilación parcial. En esta última, el trabajador reduce su jornada y comienza a percibir una parte de la pensión mientras mantiene una actividad laboral a tiempo parcial.
La persona prejubilada, en cambio, normalmente ya ha extinguido su relación laboral con la empresa que ofrece el acuerdo y todavía no ha accedido a la pensión. Son situaciones diferentes, aunque ambas puedan formar parte de una transición hacia el retiro definitivo.
¿Quién paga a una persona prejubilada?
No existe una cantidad obligatoria ni un porcentaje general del salario aplicable a todas las prejubilaciones. Los pagos dependen de las condiciones negociadas en cada proceso.
El acuerdo puede incluir rentas periódicas abonadas por la empresa, una indemnización, la financiación de determinadas cotizaciones o productos destinados a garantizar los importes pactados. También puede tenerse en cuenta la prestación contributiva por desempleo cuando la extinción del contrato genera el derecho a cobrarla.
El Servicio Público de Empleo Estatal señala que las personas afectadas por un expediente de regulación de empleo pueden acceder a la prestación si se encuentran en situación legal de desempleo y cumplen los demás requisitos.
Las cantidades abonadas por la empresa no son una pensión pública. Por eso, una oferta que prometa mantener un porcentaje elevado del salario debe analizarse junto con su duración, su fiscalidad y las condiciones previstas para conservar las cotizaciones.
¿Se continúa cotizando durante la prejubilación?
Depende de la situación en la que quede el trabajador. Durante el cobro de la prestación contributiva por desempleo se mantienen las cotizaciones por jubilación. El SEPE ingresa las aportaciones correspondientes mientras dura la prestación.
Cuando termina el desempleo o se pretende mantener una base de cotización determinada, puede suscribirse un convenio especial con la Seguridad Social. Este instrumento permite generar, conservar o ampliar el derecho a determinadas prestaciones mediante el pago de cuotas.
En un convenio especial ordinario, las cuotas corresponden normalmente a la persona que lo suscribe. No obstante, los acuerdos de prejubilación pueden establecer que la empresa asuma su coste durante un periodo determinado.
El convenio especial en determinados ERE
La normativa prevé una protección específica cuando determinados despidos colectivos de empresas no concursadas afectan a trabajadores de 55 años o más.
En esos supuestos debe suscribirse un convenio especial con la Seguridad Social. La empresa debe financiar las cuotas en los términos previstos legalmente hasta que el trabajador cumpla 63 años, o hasta los 61 cuando el despido colectivo se deba a causas económicas.
Si el afectado tiene derecho a la prestación contributiva por desempleo, el convenio despliega sus efectos tras su extinción. Al alcanzar la edad correspondiente, el trabajador puede decidir mantenerlo y asumir las cuotas hasta que acceda a la jubilación o concurra otra causa de extinción.
Esta obligación mínima no impide que una empresa y los representantes de los trabajadores negocien condiciones más favorables, como prolongar las aportaciones o mantener bases de cotización superiores.
Cómo puede afectar a la futura pensión
El resultado depende de la edad de salida, los años cotizados, las bases que se mantengan posteriormente y el momento en el que se solicite la jubilación.
En 2026, la edad ordinaria es de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados. Cuando no se alcanza ese periodo, la edad ordinaria se sitúa en 66 años y 10 meses.
Dejar de cotizar durante algunos periodos o mantener bases inferiores puede reducir la cuantía futura. También puede disminuir la pensión la aplicación de coeficientes reductores si se accede a la jubilación anticipada.
Por eso, antes de aceptar una oferta conviene comprobar:
- Hasta qué fecha se abonará la renta pactada.
- Qué base de cotización se mantendrá.
- Quién pagará el convenio especial.
- Qué ocurrirá cuando termine la prestación por desempleo.
- A qué edad se prevé solicitar la pensión.
- Si se aplicarán coeficientes reductores.
También resulta útil revisar cuántos años hay que cotizar para jubilarse en España y utilizar el simulador oficial de la Seguridad Social para obtener una estimación adaptada a la carrera profesional de cada persona.
¿Se puede trabajar después de aceptar una prejubilación?
Dependerá del acuerdo firmado y de las prestaciones que se estén cobrando. Algunas ofertas reducen o suspenden los pagos de la empresa cuando el beneficiario inicia una nueva actividad laboral.
Las prestaciones por desempleo también tienen sus propias reglas de compatibilidad, suspensión y extinción. Por ello, comenzar otro trabajo puede afectar tanto a los pagos del SEPE como a las cantidades asumidas por la empresa.
Esta situación tampoco debe confundirse con la jubilación flexible, que permite compatibilizar parte de la pensión con un trabajo a tiempo parcial. En ese caso, la persona ya ha accedido oficialmente a la jubilación.
Antecedentes
Las prejubilaciones se han utilizado durante décadas en procesos de reorganización y reducción de plantilla, especialmente en grandes empresas con un número elevado de trabajadores próximos a la edad de retiro.
Su funcionamiento ha evolucionado a medida que aumentaba la edad legal de jubilación y cambiaban los requisitos para acceder anticipadamente a la pensión. Las reformas también han reforzado la protección de determinados trabajadores mayores incluidos en despidos colectivos.
Una mejora empresarial puede garantizar más ingresos o cotizaciones durante un periodo mayor, pero no modifica los requisitos de acceso a la pensión pública. Estos siguen dependiendo de la legislación de la Seguridad Social y de las circunstancias individuales de cada trabajador.
Por esta razón, dos personas incluidas en el mismo proceso pueden obtener resultados distintos. La edad, las bases de cotización, los años acumulados y el momento elegido para jubilarse condicionarán la cuantía final de sus pensiones.
