Un aplazamiento de última hora que inquieta al tejido empresarial
El Consejo General de Economistas de España (CGE), a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ha mostrado su preocupación por el impacto que tendrá el retraso anunciado en la entrada en vigor del sistema VERI*FACTU, el nuevo marco regulatorio que debe estandarizar y certificar la veracidad de los registros de facturación. Según la institución, la decisión llega en un momento crítico y vuelve a evidenciar la falta de estabilidad normativa que sufren empresas y profesionales.
El aplazamiento se conoció cuando muchos negocios ya habían iniciado la adaptación de sus sistemas internos. Para el CGE, la modificación tardía de los plazos erosiona la seguridad jurídica y añade un nivel de incertidumbre difícil de gestionar.
Empresas reorganizando recursos y ajustando inversiones
Los responsables del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, y del REAF-CGE, Agustín Fernández, han subrayado que el tejido empresarial había planificado sus recursos basándose en el calendario oficial. La prórroga llega cuando numerosas compañías ya habían contratado soluciones tecnológicas, formado a su personal o iniciado los cambios organizativos necesarios para cumplir con la normativa.
Aunque la ampliación del plazo puede resultar beneficiosa para aquellas empresas que iban más retrasadas en la implementación, el efecto global es diferente. La gran mayoría deberá reprogramar tareas, renegociar inversiones y asumir costes adicionales por ajustes sobre la marcha. Según los economistas, estas consecuencias pesan especialmente sobre las pequeñas empresas y los autónomos, que disponen de menos recursos administrativos para solventar imprevistos.
La importancia de un marco regulatorio estable
El CGE y el REAF señalan que lo más perjudicial no es únicamente el aplazamiento en sí, sino la forma en que se ha producido: tarde y sin margen suficiente para una reorganización eficiente. Desde la institución recuerdan que la seguridad jurídica es un elemento esencial para la planificación económica y subrayan que las normas deben mantenerse estables en el tiempo para no obstaculizar la actividad empresarial.
Para los economistas, la previsibilidad regulatoria es clave en un contexto en el que las empresas afrontan transformaciones digitales, mayores exigencias de control y una creciente necesidad de inversión tecnológica. Cambios inesperados en las fechas de entrada en vigor generan tensiones innecesarias y pueden comprometer la eficiencia de los procesos internos.
VERI*FACTU: un sistema estratégico para el control y la transparencia
VERI*FACTU está llamado a convertirse en una herramienta esencial para la lucha contra el fraude y la mejora de la trazabilidad de los registros contables. Su implementación exige que los sistemas de facturación cumplan requisitos técnicos específicos y garanticen que la información transmitida a la Agencia Tributaria sea veraz y no manipulable.
Por eso, el aplazamiento tiene efectos más allá de la logística interna de las empresas: afecta también a proveedores tecnológicos, consultores fiscales y canales de formación que habían estructurado su actividad en función de los plazos oficiales.
Hacia una regulación más previsible
El mensaje lanzado por el Consejo General de Economistas es claro: las normas que afectan de forma directa al funcionamiento de las empresas deben ser aprobadas y aplicadas con tiempos razonables. La estabilidad regulatoria no es solo una cuestión jurídica, sino un factor determinante para la competitividad y la capacidad de adaptación del tejido productivo español.
FAQ
¿Qué es VERI*FACTU?
Es el sistema oficial que regulará la verificación y transmisión de registros de facturación a la Agencia Tributaria, con el objetivo de aumentar la transparencia y limitar la posibilidad de manipulación de datos contables.
¿Por qué preocupa su aplazamiento?
Porque muchas empresas ya habían invertido tiempo y recursos para adaptarse al calendario original. Un retraso anunciado en el último momento obliga a reorganizar procesos, asumir costes adicionales y genera inseguridad jurídica.
¿A quién afecta más este cambio?
Según el REAF-CGE, a los negocios con estructuras administrativas más reducidas, especialmente autónomos y pymes, que tienen menos margen para absorber cambios inesperados.
¿La ampliación del plazo tiene algún aspecto positivo?
Sí, para las empresas que aún no habían completado su adaptación. Sin embargo, para la mayoría implica más costes y reprogramaciones.
¿Qué reclaman los economistas?
Que las normas mantengan plazos estables y previsibles, evitando cambios de última hora que dificulten la planificación y la seguridad jurídica.
Fuentes
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Consejo General de Economistas. El Consejo General de Economistas alerta de la falta de seguridad jurídica tras el aplazamiento normativo de VERI*FACTU (3 de diciembre de 2025).
