El Gobierno español ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, conocido como Estatuto del Becario. La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, busca poner fin a los abusos que se producen en algunas prácticas no laborales y garantizar derechos mínimos para los estudiantes que las realizan.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que el texto es fruto de más de un año de negociación con los agentes sociales, aunque finalmente solo ha contado con el respaldo de UGT y CCOO. La norma, señaló, pretende “acabar con la precariedad que sufren miles de jóvenes que trabajan sin reconocimiento laboral bajo la figura del becario”.
Un marco legal para las prácticas formativas
El anteproyecto busca delimitar con precisión qué es una práctica formativa y cuáles son sus límites. En ningún caso, las tareas que desempeñe una persona en prácticas podrán sustituir las funciones de un trabajador de plantilla. Además, las empresas deberán garantizar que las prácticas tengan una finalidad estrictamente educativa.
La norma incluye la obligación de compensar los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento derivados de las prácticas, así como la prohibición expresa de que los estudiantes paguen por formarse. Esta compensación se suma a la obligación, vigente desde 2024, de dar de alta a los becarios en la Seguridad Social.
Otro de los puntos clave es la necesidad de establecer un plan de formación individualizado y un tutor responsable por cada estudiante, que no podrá tener a su cargo más de cinco personas en prácticas. También se limita la formación a distancia al 50 % de la duración total y se prohíben los turnos nocturnos.
Según datos del Ministerio de Trabajo, en España hay actualmente 1,65 millones de personas en prácticas no laborales, de las que el 56 % son mujeres. Este volumen, unido a la falta de regulación homogénea, explica la importancia de establecer un marco claro que evite el uso abusivo de las prácticas como mano de obra gratuita.
Derechos y obligaciones
El texto establece una serie de derechos para las personas en formación práctica, como el acceso a las mismas instalaciones que el resto del personal, comedores, salas de descanso o vestuarios, y el derecho a recibir una formación planificada y supervisada.
Por su parte, las empresas asumen nuevas responsabilidades. Deberán diseñar un plan pedagógico para cada alumno, ofrecer acompañamiento continuo y cumplir con los límites de presencialidad. También se contemplan sanciones de hasta 225.000 euros para aquellas entidades que incumplan las disposiciones o utilicen las prácticas para cubrir puestos de trabajo.
Desde el Gobierno se ha subrayado que este cambio pretende fomentar una “cultura de aprendizaje real” y no una relación encubierta de empleo. “La formación tiene que servir para aprender, no para sustituir puestos de trabajo”, afirmó Díaz.
Obstáculos y críticas
A pesar de la intención del Ejecutivo, el texto llega al Congreso con un apoyo político limitado. Solo los sindicatos respaldaron el documento final de la mesa de diálogo social. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha expresado su preocupación por las posibles limitaciones que el nuevo marco podría imponer a las prácticas curriculares, mientras que algunas organizaciones empresariales temen un aumento de la carga administrativa y de los costes asociados.
Asimismo, tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo, el Gobierno no cuenta con mayoría suficiente para garantizar su aprobación parlamentaria. Por ello, el futuro del Estatuto del Becario dependerá de las enmiendas y acuerdos que se alcancen en las próximas semanas.
Próximos pasos
El texto aprobado en primera vuelta será sometido a audiencia e información pública, de modo que universidades, empresas y ciudadanía puedan presentar observaciones. Tras esta fase, el Gobierno podrá introducir cambios antes de enviarlo nuevamente al Congreso de los Diputados como proyecto de ley.
Si supera el trámite parlamentario, el Estatuto podría entrar en vigor en 2026. En ese momento, las empresas deberán adaptar sus programas de prácticas y las instituciones educativas ajustar sus convenios de colaboración para cumplir con los nuevos requisitos.
El Ministerio de Trabajo asegura que la medida “da cumplimiento a la disposición adicional segunda de la reforma laboral” y que su objetivo último es garantizar que las prácticas sean una experiencia formativa de calidad.
Un cambio de cultura en la formación práctica
El nuevo Estatuto del Becario no solo introduce nuevas obligaciones legales, sino que plantea un cambio en la manera de entender la relación entre estudiantes, centros educativos y empresas. De aprobarse, consolidaría un modelo más transparente y equitativo, en el que el aprendizaje real sea la base de las prácticas y no una vía de acceso precario al mercado laboral.
A largo plazo, el Gobierno espera que esta reforma mejore la inserción profesional de los jóvenes y reduzca la tasa de temporalidad en los primeros años de carrera. Sin embargo, su efectividad dependerá tanto del consenso político como de la implicación de las empresas en la formación de las nuevas generaciones.
FAQ
¿Qué es el Estatuto del Becario?
Es una norma que regula las prácticas no laborales en empresas y administraciones públicas, delimitando sus objetivos, condiciones y derechos.
¿Qué derechos introduce?
Reconoce la compensación de gastos básicos, el alta obligatoria en la Seguridad Social y el derecho a una formación supervisada y no sustitutiva de empleo.
¿Cuándo entrará en vigor?
Aún no hay fecha definitiva. El texto ha sido aprobado en primera vuelta y debe superar el trámite parlamentario.
¿A quién afecta la ley?
A estudiantes universitarios, de formación profesional o programas formativos que realicen prácticas no laborales en entidades públicas o privadas.
¿Qué sanciones se prevén?
Las empresas que incumplan la normativa podrán enfrentarse a multas de hasta 225.000 euros, especialmente si se detecta sustitución de puestos de trabajo.
Fuentes
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El Confidencial. El Gobierno aprueba el anteproyecto del Estatuto del Becario, que obliga a pagar las prácticas (04 de noviembre 2025)
